El Pacto de Toledo se firmó en 1995 bajo el síndrome del miedo a no poder pagar las pensiones públicas en el 2004. Este acuerdo de todas las fuerzas políticas tenía un solo objetivo: reajustar los mecanismos financieros del sistema público de la Seguridad Social. El Gobierno del PP ha desarrollado las quince recomendaciones del pacto interpretándolas en el sentido de garantizar el mantenimiento del sistema de pensiones públicas, pero a cambio de recortar la cuantía de las pensiones futuras, con el fin de evitar un crecimiento excesivo del gasto global, y de potenciar las pensiones complementarias que gestionan los bancos y las aseguradoras privadas. Es la interpretación neoliberal, que intenta reducir el déficit público y privatizar cuanto más mejor. Por otro lado, el reto de la izquierda es recomponerse ideológica y políticamente para afrontar la decisión neoliberal de desmantelamiento del Estado de Bienestar, y reclamar el cumplimiento del criterio constitucional de la suficiencia de las pensiones públicas. Por eso, junto al problema de la financiación está el problema de la cuantía de las pensiones mínimas. La consigna de la izquierda de mejorar las pensiones se inscribe en la búsqueda de un modelo económico y social postsocialdemócrata, que desborda necesariamente el Pacto de Toledo.
