Librería Traficantes de Sueños
Entrada libre
Aforo limitado
Espacio accesible
Con la participación de Elena Vázquez, abogada de ActivaT; Elena Arce, Defensor del Pueblo, área de Migraciones e Igualdad de Trato y Susana Gisbert, fiscal de delitos de odio en Valencia.
Organiza: ACTIVAT EN DERECHOS HUMANOS.
Las mujeres representan casi la mitad de los 244 millones de migrantes y la mitad de los 19,6 millones de personas refugiadas del mundo
En una crisis, las mujeres suelen ser las primeras en reaccionar. Ya sea en itinerancia o en los campamentos, en el país de origen o el de destino, cumplen un papel fundamental en el cuidado, el sostén y la reconstrucción de sus comunidades.
Sin embargo, las necesidades, las prioridades y las voces de las mujeres refugiadas y migrantes suelen estar ausentes de las políticas destinadas a protegerlas y darles asistencia.
Todas las mujeres tienen derecho a vivir sin violencia. Se trata de un derecho al que hacen referencia todas las medidas para luchar contra la violencia de género. Nadie merece sufrir un ataque y siempre debería haber ayuda disponible para aquellos que lo necesiten. Se han introducido medidas para garantizar que las supervivientes de la violencia reciben un trato adecuado y sin riesgo, de forma que puedan superar el miedo a denunciar a su agresor. Se han desarrollado garantías bien documentadas e imparciales para acabar con la impunidad y llevar a los culpables ante la justicia. Las mujeres reciben el mensaje de que no tienen por qué tolerar la violencia y que si dan un paso al frente recibirán asistencia de forma inmediata. Sin embargo, estos derechos, y las protecciones que los acompañan, se han negado a un grupo de mujeres determinado. Al igual que sucede con otros grupos cuyos derechos se cuestionan, las mujeres migrantes irregulares sufren exclusion social, son posicionadas en una situación de desventaja y no cuentan con mucha simpatia popular. Su existencia en la sociedad se considera ilegítima, la violencia contra ellas se ignora sistemáticamente y se les deniega el acceso a la justicia. Y es precisamente esta limitación de sus derechos lo que deslegitima a la sociedad desde su raíz. Todos los Estados miembros de la Unión Europea han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y están por lo tanto obligados a tomar medidas contra la dominación y discriminación de la mujer en el ámbito social, económico y político. Sin embargo, las personas con influencia en la materia han actuado con lentitud a la hora de exigir justicia para las mujeres migrantes irregulares en Europa. Ha habido serios intentos de políticos e incluso proveedores de servicios para justificar que el derecho de una mujer a vivir sin violencia se deriva de su situación administrativa y no de su condición humana. Con objeto de suprimir los derechos más esenciales de las mujeres se están utilizando estrategias de populismo político y argumentos como la inestabilidad económica. Lo que debería determinar la respuesta social es la experiencia de violencia de una mujer, no su situación migratoria.
